22 de octubre de 2009
Más de 700 personas de todo el mundo han mostrado su apoyo con la ciudadanía uruguaya para que se pronuncie a favor de la anulación de la "ley de caducidad"
Cientos de personas de todo el mundo se han sumado a la acción global que Amnistía Internacional ha lanzado los primeros días de octubre a favor de la JUSTICIA en Uruguay. La misma se propone apoyar a la ciudadanía uruguaya para que el 25 del corriente se pronuncie por la anulación de la "Ley de caducidad".
Esta acción se da en conjunto con otras actividades que la Sección Uruguay viene desarrollando para informar y concientizar acerca de lo importante de la anulación de esta Ley.
En San Carlos (Maldonado) se realizó una Mesa debate, en San José de Mayo (San José) una exposición de fotos de "Niños en cautiverio político" con proyección de un documental acerca de la familia Dossetti y en Montevideo participamos de la Marcha por el último 20 con Ley de impunidad.
Desde que entró en vigor la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848, “Ley de Caducidad”) en 1986, Amnistía Internacional ha expresado repetidamente su preocupación y condena por la existencia de dicha norma. Una vez más, el movimiento, vuelve a manifestar que esta ley ha privado a las víctimas y a sus familiares de los medios legales para determinar la verdad de los hechos ocurridos y, en su caso, la suerte y el paradero de sus seres queridos.
En estos días también hemos asistido al fallo de la Suprema Corte de Justicia uruguaya que declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en la causa relacionada con la muerte de la activista Nibia Sabalsagaray en dependencias del ejército en 1974. Decisión, esperada desde hace mucho tiempo.
Y al fallo del juez Luis Charles quien comunicara en el día de hoy la sentencia de 25 años de prisón impuesta, al ex dictador Gregorio Alvarez, tras ser declarado culpable del homicidio especialmente agravado de 37 militantes.
Acontecimientos significativos que se suman a los dichos de Guadalupe Marengo -directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América- que dijo en Comunicado de prensa: “La ley contraviene la obligación jurídica internacional de Uruguay de proporcionar justicia y poner al descubierto las difíciles verdades de su pasado reciente. Esta ley debe declararse nula"
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Por María García | Comunicación & Difusión de AIU
Documentos relacionados:
Comunicado de prensa | Declaración pública
