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URUGUAY | La militarización de la seguridad pública contribuirá al aumento de la violencia y violaciones de derechos humanos
Posteado: 2019-07-24

Amnistía Internacional se opone a la reforma constitucional promovida por la Comisión Vivir sin Miedo y se suma a la articulación No a la reforma.    

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Amnistía Internacional considera que la reforma constitucional propuesta por la Comisión Vivir sin Miedo, que habilitaría entre otros extremos a las fuerzas militares a cumplir funciones regulares de seguridad pública, se halla en contradicción a los estándares internacionales de derechos humanos que Uruguay debe observar, y que exigen siempre que el uso de fuerzas militares para la seguridad interna sea excepcional y esté sujeto a claras limitaciones.

La organización considera que la creación de una Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa implica incorporar a efectivos militares a tareas de seguridad interna. Y ello es desaconsejable, tal como lo demuestra la práctica en otros Estados de la región. Es de señalar que la formación policial para la protección de la población civil y la asistencia a la Justicia es sustancialmente distinta a la formación militar orientada a la eliminación de un enemigo, en la que a menudo se producen “daños colaterales” que no son necesariamente punibles.

Según datos del Ministerio del Interior, Uruguay ya tenía en 2016 una tasa de 421 efectivos policiales cada 100.000 habitantes[1], una cifra alta que supera la de países como Colombia, México o El Salvador[2]. Además, el Estado ya cuenta con cuerpos policiales formados y especializados, como ser la Guardia Republicana, con las mismas funciones que el proyecto de reforma asigna a una Guardia Nacional.

Por otro lado, la militarización de la seguridad interior ha generado nuevas situaciones de violencia y graves violaciones de derechos humanos en países de la región, como México[3] y Brasil[4]. La evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad a la población.

En relación a los allanamientos nocturnos que habilitaría la reforma, jueces penales uruguayos han declarado no creer que los mismos puedan tener impacto alguno en el combate al narcotráfico en el país[5]. Por otro lado, los allanamientos nocturnos en domicilios particulares aumentan la probabilidad de enfrentamientos armados, poniendo en peligro a los vecinos y transeúntes.

Asimismo, el texto de la reforma propuesta también prevé la pena de prisión perpetua revisable a partir de transcurridos 30 años, lo cual no es recomendable. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, en el que Uruguay es parte, exige que una pena de este tipo sea revisable a los 25 años, y no a los 30 como dispone la propuesta. Igualmente, el texto planteado no parece impedir la aplicación de esta pena a menores de 18 años, algo expresamente prohibido por la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado en el que Uruguay también es parte.

En resumidas cuentas, Amnistía Internacional entiende que se debe cambiar de un enfoque punitivo y de militarización sobre la seguridad a un enfoque respetuoso de los derechos humanos en conformidad con los estándares internacionales, en particular las reglas Mandela y Bangkok. Esto implica que el sistema penitenciario evite la reincidencia a través de la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Esto solo será posible brindando a las personas privadas de libertad educación, salud, formación profesional y trabajo, así como políticas de apoyo que les permitan reinsertarse en la sociedad tras su puesta en libertad.



[1] Cifras del Ministerio del Interior de Uruguay al 27 de octubre de 2016, disponible en: https://www.minterior.gub.uy/index.php/78-noticias/ultimas-noticias/4109-421-policias-cada-100-000-habitantes

[2] PNUD (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014.

[3] Véase Amnistía Internacional, “México: el plan del nuevo gobierno debe enfocarse en retirar las fuerzas armadas de funciones de seguridad pública”, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/11/mexico-el-plan-del-nuevo-gobierno-debe-enfocarse-en-retirar-las-fuerzas-armadas-de-funciones-de-seguridad-publica/

[4] ISER (2018). Informe “Homicídios no Rio de Janeiro. É possivel reducir, é possivel prevenir!”, disponible en https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2018/06/homicidios-no-rio-de-janeiro-e-possivel-reduzir-e-possivel-prevenir-1.pdf

[5] “Presidente de Asociación de Magistrados: allanamientos nocturnos no sirven”, Subrayado, 1 de junio de 2018, disponible en https://www.subrayado.com.uy/presidente-asociacion-magistrados-allanamientos-nocturnos-no-sirven-n505422

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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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