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Chile | Exige al gobierno de Chile buscar soluciones concretas y dejar de desplegar al ejército para controlar las protestas
Posteado: 2019-10-22
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Unos días después de que se anunciara un incremento de los precios del transporte público, que vinieron a sumarse a las políticas acumulativas que suponen una carga para grandes sectores de la sociedad chilena, miles de personas se movilizaron en la capital, Santiago de Chile, para reclamar que se elimine ese incremento y que se aborden los problemas históricos que afectan a los derechos económicos, sociales y culturales en Chile.

Tras algunos episodios de violencia en las calles, el gobierno decidió suspender el servicio de transporte público y decretó un estado de emergencia el 18 de octubre. Según el decreto, la Jefatura de la Defensa Nacional de Chile tomó el mando de las operaciones de seguridad pública, con poder para adoptar medidas adicionales destinadas al control policial de las manifestaciones. Una de las primeras medidas, dictada el 19 de octubre, fue imponer un toque de queda en el área metropolitana de Santiago y otras ciudades. El toque de queda no se ha levantado.

Hasta ahora, el alcalde de Santiago ha cifrado en 11 el número de personas muertas en incidentes violentos en el contexto de las protestas, y las organizaciones locales de derechos humanos hablan de 1.333 personas detenidas, 88 heridas por arma de fuego, e innumerables informes de tortura y malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos.

El presidente Sebastián Piñera declaró el 20 de octubre que los partidos políticos acordarían rápidamente una nueva ley para detener el incremento del precio del transporte público, pero manifestantes y movimientos sociales piden medidas significativas que den lugar a un nuevo contrato social, y las protestas continúan.

Firmá y exigí al presidente Piñera implementar medidas para abordar las demandas legítimas de quienes actualmente ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. También pedí al gobierno chileno dejar de desplegar al ejército para el control policial de las manifestaciones y a hacer que la policía cumpla estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, si éste es necesario y cuando lo sea.
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