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URUGUAY | Las autoridades deben garantizar el principio de no regresividad de los derechos humanos en el país
Posteado: 2020-05-25
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Fotografía: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay

LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN | URUGUAY


Las autoridades deben garantizar el principio de no regresividad de los derechos humanos en el país


Ante el proyecto de Ley de Urgente Consideración ingresando al Parlamento el 23 de abril de 2020, Amnistía Internacional Uruguay participó de una audiencia con la Comisión Especial, el pasado jueves 21 de mayo, para manifestar su preocupación por el impacto negativo de este proyecto de ley en los derechos humanos y la regresividad en los estándares internacionales y regionales en derechos humanos.

El contexto actual de emergencia sanitaria impide garantizar el desarrollo de una discusión plena y transparente que involucre a todas las partes interesadas y afectadas. Amnistía Internacional Uruguay solicitó al Parlamento dejar sin efecto la declaración de urgente consideración y disponer de inmediato la formación de comisiones legislativas, generando las condiciones para una amplia y profunda discusión.

La organización hizo hincapié en la sección referida a seguridad, en la cual se plantean diversas modificaciones en materia de legítima defensa, aumento de penas, incorpora nuevos agravantes de responsabilidad, limita la libertad anticipada, entre otros. Se señaló que tales cambios repercutirán directamente en el número de personas privadas de libertad y, por ende, en las condiciones de reclusión. Diversos informes realizados por Amnistía Internacional, el Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo señalan las condiciones críticas del sistema penitenciario como consecuencia de las alarmantes condiciones habitacionales, las altas tasas de homicidios y las pocas oportunidades de realizar tareas que promuevan la reinserción social.

Amnistía Internacional también manifiesta su preocupación por el alcance de dos artículos que podrían dar lugar a la criminalización de la protesta y al uso de la fuerza para disolverlas.

Ante esto, Lucia Pérez Chabaneau, Directora de Amnistía Internacional Uruguay afirma que:

“Si bien se entiende que los oficiales de policía tienen derecho a la defensa y la obligación de proteger la seguridad pública; es importante recordar que el uso de la fuerza policial debe estar estrictamente limitado y debe ser proporcional a las situaciones en las que ésta es necesaria; siendo empleada como último recurso”.

Las modificaciones propuestas en torno a la regulación del accionar policial, favorecen potencialmente situaciones de abuso policial y afectan un conjunto de derechos tales como: el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho a la participación política, el ejercicio del derecho a la protesta, contemplados tanto a nivel Constitucional como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos en los cuales Uruguay es un Estado parte.

Para leer el posicionamiento completo ingresar acá.



Para más información, ponerse en contacto con Sylvana Castro- 097299805

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