Inicio
Quiénes somos +
Más cerca que nunca
En qué estamos +
Actuá +
Contactanos
VIOLENCIA POLICIAL
Posteado: 2020-06-22
imagen galería

Desde las calles de Mineápolis hasta las favelas de Río de Janeiro, el uso ilegítimo de la fuerza por la policía puede terminar en muerte, lesión y ruina.

Como hemos visto tantas veces, en Estados Unidos y otros lugares, la policía a veces mata o hiere gravemente a personas en el curso de arrestos propiciados por el racismo.

En incontables casos más, la policía recurre a la fuerza con demasiada rapidez para controlar protestas o manifestaciones. A lo largo de 2019 y en 2020, la policía de Hong Kong ha usado armas como el gas lacrimógeno y las balas de goma de forma reiterada e ilegítima contra manifestantes.

Con demasiada frecuencia no se lleva ante la justicia a los agentes que han matado o herido a personas al hacer uso ilegítimo de la fuerza.

Por eso es tan importante que conozcas tus derechos, y que sepas lo que la policía está autorizada a hacer y lo que no.

Tenemos que lograr que la policía deje de usar la fuerza incumpliendo la ley, y que quienes matan de forma ilícita rindan cuentas de sus actos; basta de excusas.


¿Qué es la “brutalidad policial”?

El término “brutalidad policial” se usa en ocasiones para referirse a diversas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Puede incluir palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo o el uso indiscriminado de agente de represión de disturbios en manifestaciones.

¿Por qué la brutalidad policial afecta a los derechos humanos?

El uso ilegítimo de la fuerza por la policía puede, en el peor de los casos, tener como consecuencia la privación del derecho a la vida. Cuando el uso policial de la fuerza es innecesario o excesivo, puede además constituir tortura u otros malos tratos.

Además, el uso ilegítimo de la fuerza por la policía puede violar los derechos a no sufrir discriminación, a la libertad y la seguridad, y a la igualdad de protección ante la ley.

¿Está la policía autorizada a matar?

Hay estrictas leyes y normas internacionales que regulan cómo y cuando puede la policía recurrir a la fuerza, y en particular a los medios letales.

Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley son el instrumento internacional clave sobre el uso de la fuerza por la policía.

Lo más importante que hay que recordar es que las autoridades del Estado, incluida la policía, tienen la obligación máxima de respetar y proteger el derecho a la vida.

Según el derecho internacional, los agentes de policía nunca deben usar los medios letales excepto como último recurso, es decir, cuando sea estrictamente necesario para protegerse o proteger a otras personas del peligro inminente de muerte o lesiones graves, y sólo si las demás opciones para reducir el peligro son insuficientes.

Muchos homicidios que hemos visto cometer a la policía en todo el mundo claramente no cumplen estos criterios.

En Estados Unidos, George Floyd, Michael Brown, Breonna Taylor, Eric Garner y tantas otras personas negras que han muerto a manos de la policía iban desarmadas.

Durante las protestas de Irán en noviembre de 2019, la policía disparó y mató a cientos de manifestantes que no representaban ningún peligro, entre ellos al menos 23 menores.

Y, en Filipinas, testigos han contado que vieron a la policía disparar contra personas pobres que eran sospechosas de consumir o vender drogas cuando estaban en el suelo pidiendo clemencia.

¿Qué pasa con la legislación nacional?

Todos los gobiernos tienen la obligación de incorporar el derecho internacional de los derechos humanos en su legislación nacional, pero muchos no lo han hecho adecuadamente.

Por ejemplo, la nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza de México no limita el uso de los medios letales a situaciones en que sea estrictamente necesario para proteger la vida de otras personas ni exige que los agentes utilicen la fuerza mínima necesaria para resolver una situación.

En Estados Unidos, nueve estados no tienen legislación de ninguna clase sobre el uso de medios letales por agentes encargados de hacer cumplir la ley.

A menudo, los países cierran las puertas de la justicia en el ámbito nacional y las víctimas dependen de tribunales internacionales para obtener verdad, justicia y reparación.

En 2011, Amnistía planteó sus motivos de preocupación sobre la ausencia de rendición de cuentas en Francia por las muertes bajo custodia de Ali Ziri, Mohammed Boukrourou, Lamine Dieng, Abou Bakari Tandia y Abdelhakim Ajimi, todos hombres pertenecientes a minorías étnicas. Tras una ardua lucha para obtener justicia en Francia, tres de estos casos fueron remitidos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, hasta la fecha, ha resuelto que la policía francesa violó el derecho a la vida de Ali Ziri y que el trato que infligió a Mohammed Boukrourou constituía trato inhumano y degradante.

¿Qué causa la brutalidad policial?

En los países con altos índices de homicidios a manos de la policía suele darse una combinación de factores, como legislación inadecuada, discriminación racial o de otra índole, inseguridad o conflicto, e impunidad arraigada.

Los gobiernos que pisotean sistemáticamente otros derechos humanos, como la libertad de expresión y de reunión pacífica, suelen autorizar respuestas de mano dura por la policía ante protestas y manifestaciones. Lo hemos visto recientemente en Irán, Irak, Sudán, Hong Kong y Nicaragua.

La impunidad por los homicidios policiales tiene como consecuencia un mortífero círculo vicioso de violencia. En Brasil, por ejemplo, es habitual que los agentes maten a personas que no representan una amenaza —sobre todo hombres negros jóvenes— con la tranquilidad de saber que estos homicidios rara vez se investigan o procesan.


¿Cuántas personas han muerto a manos de la policía?

Es difícil tener datos fiables sobre homicidios cometidos por la policía, ya que muchos gobiernos no recopilan ni publican esa información.

Según el Estudio sobre Armas Pequeñas, de 2007 a 2012 se calcula que murieron 19.000 personas a manos de la policía en “intervenciones legítimas” (enfrentamientos con la policía).

Los datos disponibles se refieren en su mayoría a países o periodos específicos y suelen basarse en cálculos de ONG o grupos de derechos humanos.

He aquí algunos ejemplos:

En 2019, la policía de Río de Janeiro (Brasil) mató a 1.810 personas, una media de cinco al día.

En 2019, la policía de Kenia mató a 122 personas.

De octubre de 2019 a enero de 2020, la policía de Irak mató a unos 600 manifestantes.

De 2015 a 2018, más de 500 personas murieron en Jamaica por disparos de la policía, que también disparó e hirió a más de 300.

Unas 1.000 personas mueren cada año a manos de la policía en Estados Unidos.


Caso práctico: Nakiea Jackson

En 2014, Nakiea Jackson murió por disparos de la policía en Kingston (Jamaica) cuando estaba desempeñando su trabajo de cocinero. La policía andaba buscando a un presunto delincuente y Nakiea encajaba en la descripción, muy general, a pesar de que no había indicios que lo vincularan a algún delito. Desde entonces, familiares de Nakiea y testigos en la causa han sufrido una intensa intimidación por parte de la policía al intentar que se haga justicia.


Brutalidad policial y racismo

El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe estrictamente toda forma de discriminación. Ninguna persona debe ser tratada de manera diferente por las fuerzas del orden debido a su raza, género, orientación sexual o identidad de género, religión o creencia, opinión política o de otra índole, origen étnico, nacional o social, discapacidad u otra condición. Todas las personas tienen derecho a un trato igualitario ante la ley.

Sin embargo, sistemas de justicia y de hacer cumplir la ley en todo el mundo incorporan el racismo y otras formas de discriminación: desde controles policiales discriminatorios y basados en criterios raciales hasta la aplicación selectiva de políticas sobre drogas y la aplicación generalizada de leyes antiterroristas.

En Reino Unido, Amnistía Internacional ha documentado cómo la base de datos Gangs Matrix, usada por la Policía Metropolitana de Londres y marcada por prejuicios racistas, criminaliza y estigmatiza a los hombres negros jóvenes. Se ha clasificado a muchas personas como presuntos miembros de bandas por razones tan superficiales como la música que escuchan o los vídeos que ven en Internet.

Cuando una persona aparece en la base de datos Gangs Matrix, es sometida a operaciones de parada y registro por la policía, y el estigma de ser relacionada con una “banda” puede complicarle el acceso a empleo, vivienda o educación.

En 2018, la Oficina del Comisario de Información concluyó que la base de datos Gangs Matrix potencialmente infringía la legislación sobre protección de datos y no distinguía entre víctimas de delitos y delincuentes, y se han introducido algunas reformas limitadas.


Caso práctico: Francia

Según el Defensor del Pueblo francés, los varones jóvenes negros o considerados norteafricanos tienen 20 veces más probabilidades de sufrir controles de identidad por la policía.

Tras la aprobación de leyes de excepción en Francia en 2015, la policía llevó a cabo miles de registros y arrestos domiciliarios de carácter discriminatorio, en su mayoría contra musulmanes. La policía irrumpió en mezquitas, forzó entradas y en ocasiones esposó o apuntó con armas de fuego a personas, actuando contra algunas de ellas sólo por sus creencias religiosas.

En julio de 2016, el joven negro Adama Traoré murió bajo custodia policial tras ser detenido en un control de identidad e inmovilizado en el suelo por tres agentes encargados de hacer cumplir la ley. La familia de Adama sigue esperando a que se haga justicia.


Más ejemplos de actuación policial discriminatoria

Personas LGBTI en todo el mundo sufren hostigamiento y abusos sistemáticos a manos de la policía.

En 2017, por ejemplo, las autoridades de la república rusa de Chechenia desataron una ola de ataques contra las personas sospechosas de ser gays o lesbianas. En Chechenia se secuestró y torturó a decenas de gays. Muchos fueron asesinados en centros secretos de detención.

En la República Dominicana, las personas que ejercen trabajo sexual, sobre todo si son mujeres trans, están expuestas a sufrir abusos atroces a manos de la policía, como violaciones, palizas y humillación.


Homicidios de personas negras en Estados Unidos

El 25 de mayo de 2020, un hombre negro de 46 años llamado George Floyd murió en Mineápolis después de que un agente de policía estuviera casi nueve minutos presionándole el cuello con la rodilla.

Este terrible homicidio ha desatado protestas generalizadas en todo Estados Unidos y fuera del país, en las que se reclama rendición de cuentas de los agentes implicados y un cambio sistémico de la función policial en general.

La muerte de George Floyd se produjo tras una sucesión de actos de violencia racista contra personas negras que ilustra los escandalosos niveles de violencia y discriminación en el país. La policía de Estados Unidos comete violaciones de derechos humanos con una frecuencia terrible, en particular contra minorías raciales y étnicas, y especialmente contra personas negras.

Quienes participan en las protestas reclaman una reforma fundamental del sistema de justicia estadounidense para poner fin a la mortífera violencia policial que se ceba con la población de color, especialmente las comunidades negras, en todo el país.


Cinco datos sobre el uso de la fuerza por la policía en Estados Unidos

Ningún estado de Estados Unidos cumple las leyes y normas internacionales sobre el uso policial de medios letales.

En Estados Unidos, la mayoría de las muertes a manos de la policía son consecuencia del uso de un arma de fuego por un agente.

En muchos casos, los agentes dispararon múltiples veces a la persona, lo que indica que el uso de la fuerza fue innecesario o desproporcionado. Michael Brown, por ejemplo, recibió seis disparos aunque estaba desarmado.

Según el sitio Mapping Police Violence, el 24% de las personas muertas a manos de la policía en 2019 eran negras, a pesar de sólo el 13% de la población lo era.

Una ley de 1996 autorizó al Departamento de Defensa estadounidense a proporcionar material excedente a los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. Como consecuencia, la policía emplea equipo destinado a uso militar en el control de manifestaciones.


Poner fin a los abusos policiales en Estados Unidos

Organizaciones de la sociedad civil llevan tiempo pidiendo la reforma de la policía en Estados Unidos. Estas medidas fundamentales podrían aumentar la seguridad de toda la población:

- El Congreso y los 50 estados deben aprobar leyes que limiten el uso de los medios letales por la policía.

- El Departamento de Justicia debe recopilar y publicar datos pormenorizados y desglosados sobre las personas muertas a manos de la policía.

- Todos los casos del uso de medios letales por la policía deben ser investigados con exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia, y quienes resulten responsables deben comparecer ante la justicia.

- El Departamento de Justicia debe supervisar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que hayan cometido violaciones de derechos humanos.


Rendición de cuentas

Nadie está por encima de la ley, especialmente quienes tienen la obligación de defenderla y respetarla.

Todos los casos de uso policial de medios letales deben someterse a una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y transparente y, si hay indicios de que fue un homicidio ilegítimo, el agente presuntamente responsable debe ser procesado.

Pero Amnistía ha documentado cómo los agentes de policía que matan o hieren ilícitamente a menudo quedan impunes.

Hay múltiples razones para que esto suceda. En algunos casos, las fuerzas policiales y de seguridad presionan y amenazan a jueces, testigos o supervivientes para que se retiren los cargos. En otros se promulgan leyes que garantizan inmunidad a la policía o ponen trabas a la acción de la justicia, incluso si los agentes han actuado ilegalmente( por ejemplo en Brasil).

En Filipinas, el presidente Duterte ordenó a las fuerzas policiales que mataran a toda persona sospechosa de vinculación al narcotráfico cuando tomó posesión del cargo en junio de 2016, y se comprometió a proteger del procesamiento a las fuerzas de seguridad. Cuando un presidente sanciona el asesinato y promete impunidad, la rendición de cuentas es prácticamente imposible.

El control policial de las protestas

Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que todas las personas pueden ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, incluso a través de la protesta.

Existen directrices internacionales muy claras sobre la conducta policial durante una protesta:

Es responsabilidad de la policía facilitar la protesta pacífica. Si aumenta la tensión, tiene la obligación de intentar rebajarla.

Si algunos manifestantes participan en acciones violentas, eso no significa que la protesta, por lo demás pacífica, se haya transformado en una reunión violenta. La policía debe garantizar que quienes mantienen una actitud pacífica puedan seguir protestando.

Los actos de violencia cometidos por una pequeña minoría no justifican el uso indiscriminado de la fuerza.

Cuando sea inevitable el uso de la fuerza para garantizar la seguridad de otras personas, la policía debe usar la fuerza mínima necesaria.

La decisión de disolver una protesta debe adoptarse como último recurso, cuando hayan fracasado todas las demás medidas menos restrictivas.

El gas lacrimógeno y el cañón de agua sólo deben usarse para disolver una protesta si la gente puede escapar del lugar. Sólo se podrá recurrir a ellos en situaciones de violencia generalizada y cuando otros medios más selectivos no sirvan para contener la violencia.

NUNCA deben utilizarse armas de fuego para dispersar una multitud.


Soluciones

Todo país tiene sus leyes nacionales y no existe una fórmula universal que las haga más justas y seguras.

Las detalladas directrices de Amnistía Internacional sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecen claramente cómo la policía y otras fuerzas de seguridad de todo el mundo pueden mejorar sus leyes, políticas y prácticas.


Algunas recomendaciones clave son:

- La facultad de la policía de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego debe estar debidamente regulada por ley.

- El principio de “protección de la vida” debe estar consagrado en la ley: sólo podrán utilizarse los medios letales para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.

- En caso de lesión o muerte causada por el uso policial de la fuerza, debe llevarse a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial. Las personas responsables deben comparecer ante la justicia con todas las garantías procesales.

- Durante las protestas, la policía debe atenerse a su obligación de facilitar las reuniones pacíficas, y el uso de la fuerza no debe ser su punto de partida.

- Las personas detenidas tienen los mismos derechos que las demás en cuanto al uso de medios letales.

CATEGORÍAS
COVID-19
X
COMPARTIR EN FACEBOOK
COMPARTIR EN TWITTER
X
Completa los siguientes campos para entrar en contacto con nosotros:
Nombre
Email
Telefono (opcional)
Mensaje
CONTACTANOS