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HONDURAS| ACTIVISTAS INDÍGENAS SIGUEN DESAPARECIDOS
Posteado: 2020-09-11
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El 18 de julio de 2020, cinco individuos con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sacaron de sus casas a cuatro activistas garífunas: Alberth Snider Centeno Tomas —presidente del patronato del Triunfo de la Cruz en representación de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)—, Suami Mejía García, Gerardo Rochez Cálix y Milton Martínez Álvarez, miembros de OFRANEH. También se llevaron a una quinta persona: Junior Juárez Mejía. El secretario de Seguridad ordenó una operación de búsqueda, pero siguen desaparecidos. Pedimos a las autoridades que determinen su paradero, garanticen que se lleva a cabo una investigación independiente, efectiva e imparcial sobre su desaparición, y pongan a disposición de la justicia a los responsables.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las comunidades garífuna de Triunfo de la Cruz forman parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña

(OFRANEH), que trabaja para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades garífuna. El8 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y declaró al Estado hondureño culpable de violar el derecho de esta comunidad a la propiedad colectiva. El 28 de abril de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había dictado medidas cautelares para la comunidad de Triunfo de la Cruz y pedido al gobierno de Honduras que adoptara las medidas necesarias para proteger el derecho de esta comunidad a la propiedad de sus tierras ancestrales.

Desde el inicio del toque de queda absoluto decretado en marzo de 2020 a raíz de la COVID-19, Amnistía Internacional ha recibido varios informes de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas miembros de OFRANEH. Según esta organización, el 20 de abril, unos agentes de policía sofocaron una protesta en Oak Ridge, en la isla de Roatán, que exigía que se impidiera a un barco atracar en el puerto local por razones de salud pública; y el 6 de mayo, unos agentes de policía amenazaron con lanzar bombas de gas lacrimógeno contra un grupo de jóvenes garífunas que realizaban labores de vigilancia en la comunidad de Travesía, en el departamento de Cortés. Asimismo, OFRANEH denunció el homicidio de Edwin Fernández, un miembro de la organización, el 20 de mayo en la comunidad de Río Tinto, en el departamento de Atlántida.

El Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) también denunció ataques recientes contra sus miembros. El 12 de mayo, el ejército hondureño detuvo a José Trochez mientras éste realizaba labores humanitarias. El 15 de junio, miembros de COPINH recibieron información que los advertía de un ataque inminente contra sus miembros e instalaciones. COPINH también informó de que, el 21 de junio, un grupo de unas 60 personas se presentó en el centro Utopía, en La Esperanza, departamento de Intibucá, amenazando con hacerse con su control. Al día siguiente, miembros de la organización recibieron un folleto digital en el que un grupo de desconocidos amenazaba con quemar el centro Utopía. Estos ataques tuvieron lugar después de que la organización ofreciera sus instalaciones como centro de aislamiento para personas encarceladas infectadas de COVID-19.

Amnistía Internacional ha alertado durante los últimos cuatro años sobre las amenazas, la intimidación, el hostigamiento y los asesinatos que vienen sufriendo activistas en Honduras, uno de los países más mortíferos del mundo para quienes defienden los derechos humanos, como en el caso de la destacada defensora Berta Cáceres en 2016. La situación no ha cambiado. Entre junio y julio de 2020 murieron de forma violenta Scarleth Cáceres, activista y defensora de los derechos LGBTI de la Asociación Arcoíris; Marvin Damián Castro, defensor del territorio en el municipio de Pespire, Choluteca, y que participaba en la coordinación del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), y Yonis David Castillo Lázaro, de la comunidad de Guapinol. Previamente, el 2 de abril de 2020, lris Argentina Álvarez, defensora de los derechos humanos vinculados con la tierra del grupo campesino Cerro Escondido, en el sur de

Honduras, fue asesinada durante un desalojo violento. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas define la desaparición forzada como “[...] la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Honduras ratificó la Convención en 2005. Honduras también ratificó en 2008 las Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que la desaparición forzada de personas se define de modo similar

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