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Ecuador | Las autoridades deben rendir cuentas por la muerte de 79 personas en centros penitenciarios
Posteado: 2021-02-25
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En respuesta a reportes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que da cuenta de que al menos 79 personas privadas de libertad perdieron la vida en hechos de violencia registrados en los Centros de Privación de la Libertad de Guayas No. 4 (31 personas fallecidas), Guayas No. 1 (6 personas fallecidas), Cotopaxi No. 1 (8 personas fallecidas) y Azuay No. 1 (34 personas fallecidas), en el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“La violencia registrada el día de ayer, cuyas causas y actores deben determinarse judicialmente, se produce en un contexto de ausencia de políticas públicas que aborden los problemas estructurales de los centros penitenciarios del Ecuador, incluyendo el hacinamiento, el abandono y la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria”.

De acuerdo con el director del SNAI, Edmundo Moncayo, alrededor de 800 servidores policiales intervinieron en el control de la violencia en los centros de privación de la libertad. 

“Las autoridades ecuatorianas no pueden eludir su responsabilidad atribuyendo los hechos sólo a disputas entre organizaciones delictivas, lo cual solo invisibiliza la grave situación de los centros de privación de la libertad”, dijo Guevara Rosas. “Las autoridades deben rendir cuentas de lo ocurrido en los centros penitenciarios y la Fiscalía General del Estado debe investigar los hechos de manera independiente y exhaustiva, con la debida diligencia, a fin de determinar las responsabilidades penales individuales, si las hubiere, y civiles, según corresponda”.


Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org

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EXIGE JUSTICIA PARA GUSTAVO GATICA
EXIGE JUSTICIA PARA FABIOLA CAMPILLAI
#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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