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LANZAMIENTO DEL INFORME ANUAL 2021/22 Y CAPÍTULO AMPLIADO SOBRE URUGUAY
Posteado: 2022-03-29
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El Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo ofrece un panorama crítico sobre el estado de situación de los derechos humanos en el mundo, cubre 154 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en el 2021.

El informe evidencia la ausencia de una recuperación justa posterior al estallido de la emergencia sanitaria, la explosión de nuevos conflictos y el recrudecimiento de los ya existentes, la creciente legislación que limita la libertad de expresión y protesta, y la necesidad de acciones globales coordinadas junto con el llamamiento a la movilización.

Entre otros elementos se destaca que los Estados, junto con grandes empresas, no han colaborado de manera acertada en la recuperación justa y las desigualdades se han ahondado.  

Por otra parte, estallaron conflictos nuevos y persistieron otros no resueltos en Afganistán, Burkina Faso, Etiopía, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Libia, Myanmar y Yemen, en los que las partes enfrentadas violaron el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A su paso, la población civil se convirtió en un daño colateral; millones de personas se vieron desplazadas; miles murieron; cientos sufrieron violencia sexual, y unos sistemas económicos y de salud ya frágiles llegaron al límite.

Se ha observado una tendencia global a limitar aún más la libertad de expresión y de protesta. Defensores y defensoras de los derechos humanos, ONG, medios de comunicación y dirigentes de la oposición fueron objeto de detención ilegítima, tortura y desaparición forzada, justificados por la pandemia.

Al menos 67 países introdujeron en 2021 nuevas leyes que limitaban la libertad de expresión, de asociación o de reunión. En Estados Unidos, al menos 36 estados presentaron más de 80 proyectos de ley que limitaban la libertad de reunión, mientras el gobierno de Reino Unido proponía el Proyecto de Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales, que reduciría drásticamente el derecho a la libertad de reunión pacífica, entre otros medios, con la ampliación de las facultades policiales.

En el Capítulo Ampliado sobre Uruguay se analiza con mayor profundidad aspectos medulares de la agenda de derechos humanos en el país. Este documento presenta los principales logros y desafíos nacionales, enfatizando en la necesidad de tomar acciones para evitar regresiones en materia de derechos humanos. A su vez, se elaboran una serie de recomendaciones concretas de política pública.  

Se destaca la crítica situación económica y social en 2021 y se repasan los hitos epidemiológicos entre los que se encuentran que Uruguay estuvo casi medio año en la zona roja según el Índice de Harvard y casi tres meses en el primer lugar en el subcontinente en materia de nuevos contagios diarios.  Por otro lado, al finalizar el año, Uruguay tenía gran parte de su población vacunada con al menos una dosis y otra proporción importante con dos dosis.

Se repasan los cuestionamientos a la libertad de expresión surgidos en el correr del año como son el rechazo a una nota periodística publicada por un medio internacional, el aumento de los casos de judicialización contra periodistas por parte de actores políticos y la desindexación de Google del motor de búsqueda dos artículos de un medio uruguayo por denuncias anónimas. En materia de acceso a la información pública los niveles de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (N. º 18381) se redujeron y se instalaron cambios en esta ley de manera inconsulta.

“La polarización de los discursos, la intolerancia al pensamiento distinto y el debate ofensivo por sobre el argumentativo, marcaron también el pulso de 2021. Las redes sociales han sido escenario de despliegues violentos en general y, hacia periodistas, en particular. Preocupa que el lugar de la crítica respetuosa esté siendo acaparado por descalificativos y hostigamientos por parte de figuras deberían resguardar el intercambio democrático”, señaló Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay.

Otro elemento central es la deuda con el sistema penitenciario. El número de personas privadas de su libertad sigue creciendo a un ritmo acelerado. El país se mantiene primero en América del Sur y en el puesto 14 del mundo en cantidad de privados de libertad por cada cien mil habitantes. Particularmente, en 2021 se observó un mayor incremento de la población femenina privada de libertad asociada a delitos de estupefacientes y hubo un aumento sustantivo de las muertes bajo custodia, sea por causas naturales o violentas. 

“Año tras año la población privada de libertad aumenta exponiendo las profundas falencias del sistema para dar respuesta a un creciente número de personas, así como también de sus fallas en su cometido de rehabilitar a estas personas para que, una vez cumplida su pena, puedan reinsertarse en la sociedad. El sistema penitenciario hoy en Uruguay es una carrera contra el tiempo hasta que definitivamente no resista más”, dijo Lucía Pérez Chabaneau.

En un año de escalada de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, las organizaciones sociales denunciaron retrocesos y omisiones de las autoridades en términos de prevención y atención de esta población, faltando a lo establecido por la Ley 19580 sobre Violencia de Género. Según datos del Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia, hubo 30 femicidios en 2021, 9 más que en 2020.

La pandemia ha expuesto problemas estructurales que enfrenta el país en torno a la salud mental. El aislamiento social motivó un intenso debate sobre las herramientas existentes, las que hacen falta y las perspectivas sobre las que debe abordarse esta problemática en Uruguay. El país tiene una de las más altas tasas de suicidio del continente y, a pesar de que se mantuvo estable durante 2020, especialistas estiman un aumento de entre 18 % y 23 % para el primer semestre del 2021. 

Esperamos que este informe sea un material de consulta para defensores/as de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y diversas instituciones; así como también una herramienta para la toma de decisiones de las autoridades competentes en los distintos temas.

Contacto: 098 374 000 - Joaquin Toledo

Informe 2021:22 Amnisti?a Internacional.pdf
Informe Anual 2021:22 Capi?tulo Uruguay.pdf
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EXIGE JUSTICIA PARA GUSTAVO GATICA
EXIGE JUSTICIA PARA FABIOLA CAMPILLAI
#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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