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EL SALVADOR | Grupos de derechos humanos entregaron una petición para instar al gobierno a despenalizar el aborto
Posteado: 2018-03-21
Junto con organizaciones locales de derechos humanos, Amnistía Internacional entregó ayer a la Asamblea Legislativa de El Salvador 209,051 firmas de personas de 57 países que piden una reforma legal para despenalizar el aborto en determinadas circunstancias.

“El gobierno salvadoreño debe poner fin a la cruel política de penalización que viola los derechos de las mujeres y las niñas, pone su salud y sus vidas en peligro, y las castiga con el encarcelamiento por sufrir traumáticas complicaciones relacionadas con el embarazo”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La petición solicita la inserción del artículo 133-A en el Código Penal de El Salvador para despenalizar el aborto en los casos de violación, de abuso sexual contra una menor de edad, cuando la salud o la vida de la embarazada corra peligro, o en casos de malformación letal del feto.

Las firmas fueron recogidas por Amnistía Internacional, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, y varias organizaciones locales más que hacen campaña en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en El Salvador.

El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias. Las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o emergencias obstétricas son sistemáticamente sospechosas de haberse sometido a un aborto y, a menudo, son acusadas de “homicidio” o incluso “homicidio agravado”, que acarrea una pena de hasta 50 años de prisión.
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EXIGE JUSTICIA PARA GUSTAVO GATICA
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#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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