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JAMAICA |Acciones por homicidios perpetrados por policías
Posteado: 2018-03-19
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Junto con familiares de víctimas de homicidios policiales de toda la región de las Américas, Amnistía Internacional ha entregado el pasado jueves 64.331 cartas y firmas en la oficina del primer ministro jamaicano, Andrew Holness, como parte de una campaña que ha generado 500.000 acciones en las que se insta a su gobierno a que proteja a las familias de las víctimas de la intimidación generalizada de la policía y garantice su acceso a la justicia.

“Decenas de miles de activistas de lugares tan lejanos como Suecia, Taiwán y Costa de Marfil han transmitido al primer ministro Holness el claro mensaje de que no puede continuar con impunidad la profundamente preocupante oleada de homicidios a manos de la policía jamaicana”, ha dicho Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas.

“El gobierno jamaicano debe reforzar la capacidad del Tribunal Especial del Pesquisidor para abordar los homicidios cometidos por la policía, así como el enorme número de obstáculos estructurales y la escandalosa táctica de intimidación que emplea a menudo la policía para impedir que las familias de las víctimas traten de obtener justicia”.

En 2017, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley jamaicanos mataron a 168 personas, una media de tres a la semana en un país de 2,8 millones de habitantes. En los últimos diez años, sólo un puñado de policías han sido declarados culpables de este tipo de homicidios.

En 2011 se estableció un Tribunal Especial del Pesquisidor para investigar los homicidios policiales y determinar su legitimidad, pero el Tribunal ha acumulado una larga lista de casos pendientes debido a su presupuesto anual insuficiente, que cubre los gastos de sólo un juez y una plantilla simbólica.

La táctica de intimidación y hostigamiento que emplea la policía para silenciar a las familias de las víctimas constituye otra obstrucción a la justicia, como se documenta en el informe de Amnistía Internacional de 2016 Waiting in Vain. Jamaica: Homicidios ilegítimos a manos de la policía y la larga lucha de las familias por la justicia.

La campaña anual de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos ha espoleado desde diciembre 500.000 acciones globales sobre los homicidios policiales en Jamaica, desde tuits y cartas hasta correos electrónicos y miles de mensajes de solidaridad para Shackelia Jackson, cuyo hermano Nakiea Jackson murió a manos de la policía jamaicana en 2014.

En 2016, se cerró la investigación preliminar sobre el caso después de que un testigo clave expresara su temor de declarar ante el tribunal. La familia Jackson dice que la policía la ha sometido a reiteradas redadas en su comunidad, así como a intimidación en el tribunal. Como cientos de otros, el caso está en espera de una investigación.

“El problema en Jamaica es el sistema. Es un sistema fallido. Aunque sé que quien disparó es responsable de la muerte de mi hermano, es el sistema el que ha permitido que ocurra esto en este y en muchos otros casos”, dice Shackelia, que ayudó a entregar la petición en la oficina del primer ministro el Día Internacional contra la Brutalidad Policial.

Mercia Fraser, madre de Mario Deane, que murió después de sufrir una brutal paliza bajo custodia policial en 2013, y miembros de la ONG Jamaicanos por la Justicia formaban también parte de la delegación que entregó la petición.

A ellos se unieron familiares de víctimas de tiroteos policiales en Estados Unidos y Brasil, como Katrina Johnson, cuya prima Charleena Lyles estaba embarazada de 14 semanas cuando la policía la mató a tiros delante de sus hijos tras denunciar un robo en su casa en Seattle, Washington.

También estaba presente Ana Paula de Oliveira, madre de Johnathan de Oliveira, a quien la policía en Río de Janeiro mató en 2014, cuando tenía 19 años.
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#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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