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MYANMAR | Fuerzas de seguridad hostigan a la población rohingya
Posteado: 2018-02-08
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¨La devastadora campaña de las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población rohingya en el norte del estado de Rajine dista de haber terminado”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Se han publicado nuevos datos de las violaciones de derechos humanos que siguen cometiéndose y que en las últimas semanas han obligado a huir a cientos de personas más.

A finales de enero de 2018, la organización entrevistó a 19 hombres y mujeres rohingyas recién llegados a Bangladesh, que dijeron que habían huido debido a la privación forzada de alimentos, los secuestros y los saqueos. Las agencias humanitarias han documentado miles de nuevas llegadas durante diciembre y enero, y muchos días aún cruzan la frontera decenas de personas.

“Escudadas tras los desmentidos oficiales y las mentiras, y un esfuerzo concertado para negar el acceso a investigadores independientes, las fuerzas armadas de Myanmar siguen eludiendo las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad”, ha afirmado Matthew Wells, asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, que acaba de regresar del último viaje de investigación de la organización a Cox’s Bazar, Bangladesh.

“Las fuerzas de seguridad de Myanmar están recurriendo a patrones arraigados de abusos para expulsar silenciosamente del país al mayor número posible de rohingyas. Si no hay una acción internacional más efectiva, esta campaña de limpieza étnica continuará su desastrosa marcha”.

La opresión continua parece concebida para hacer que el norte del estado de Rajine sea inhabitable para las decenas de miles de rohingyas que siguen viviendo allí, y se ha desatado tras la implacable campaña de violencia de las fuerzas armadas de Myanmar que ha llevado a que, desde agosto del año pasado, más de 688.000 personas rohingyas hayan pasado al otro lado de la frontera, a Bangladesh.

El 25 de agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó una operación militar contra la población civil rohingya en el norte del estado de Rajine después de que el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán atacase alrededor de 30 puestos de las fuerzas de seguridad. Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas figuran homicidios generalizados de mujeres, hombres y niños y niñas; violaciones y otras formas de violencia sexual de mujeres y niñas; expulsiones masivas y el incendio sistemático de pueblos.

Las personas que han llegado recientemente a Bangladesh estuvieron en Myanmar durante todos estos sucesos, intentando proteger sus propiedades y salvaguardar su derecho a vivir en sus pueblos.
Privación forzada de alimentos
Las personas recién llegadas contaron a Amnistía Internacional que la persecución persistente de las fuerzas armadas les hizo desistir y unirse forzosamente al éxodo a Bangladesh.

Casi todas achacaban su huida a la aguda inseguridad alimentaria creada por la privación forzada de alimentos a las comunidades rohingyas restantes llevada a cabo por las autoridades de Myanmar.

Muchas de las personas rohingyas que acababan de llegar a Bangladesh dijeron que el punto de inflexión llegó cuando las fuerzas armadas les negaron el acceso a sus campos de arroz en la temporada de la cosecha, en noviembre y diciembre. Las fuerzas de seguridad de Myanmar también han participado en el robo de ganado de la población rohingya o lo han facilitado, y han incendiado varios mercados locales e impedido el acceso a otros. Todo esto ha destrozado los medios de vida de la población rohingya y provocado escasez de comida.

Las autoridades de Myanmar han empeorado aún más la inseguridad alimentaria al restringir severamente el envío de asistencia humanitaria al norte del estado de Rajine.

Dildar Begum, de 30 años, llegó a Bangladesh a principios de enero de 2018 desde el pueblo de Ka Kyet Bet Kan Pyin, cerca de la localidad de Buthidaung. Contó a Amnistía Internacional que su familia quedó en una difícil situación económica cuando las autoridades llegaron a su casa y se llevaron una gran suma de dinero, amenazando con detener a su esposo si no pagaban. Luego los militares les impidieron a ellos y a otras personas rohingyas del pueblo cosechar sus campos de arroz. “No podíamos conseguir comida, por eso huimos”, dijo.
Secuestros de niñas y mujeres
Amnistía Internacional también ha documentado tres incidentes recientes en los que las fuerzas armadas de Myanmar secuestraron a niñas o mujeres jóvenes.

A principios de enero, unos soldados irrumpieron en una casa del pueblo de Hpoe Khaung Chaung, en el municipio de Buthidaung. Hasina, de 25 años, dijo que mientras registraban la casa, exigieron a punta de pistola a su tío que entregara a su prima de 15 años, Samuda. La familia no ha vuelto a ver a la niña. Lo mismo sucedió a las demás niñas y mujeres jóvenes secuestradas, lo que las convierte en víctimas de desaparición forzada.

Familias rohingyas de pueblos donde las fuerzas armadas han secuestrado recientemente a mujeres y niñas dijeron que habían huido por miedo a que continuaran los secuestros.

Dada la violencia sexual generalizada que caracteriza esta y otras campañas militares anteriores contra la población rohingya en el norte del estado de Rajine, el secuestro de mujeres y niñas hace temer seriamente la existencia de violaciones y esclavitud sexual.

Robo sistemático a la población rohingya que huye

Las personas rohingyas que huyen tienen que caminar por lo general varios días para llegar a la costa y pasar a Bangladesh en barco. Las fuerzas de seguridad de Myanmar han levantado puestos de control en estas rutas donde a menudo asestan un golpe final: el robo sistemático de dinero y otros objetos de valor a cada persona que pasa por ellos.

Más de una decena de personas rohingyas recién llegadas dijeron que el peor de estos controles es el que está cerca de la mancomunidad de Sein Hnyin Pyar, por donde muchos rohingyas cruzan las montañas que separan los municipios de Buthidaung y Maungdaw. Todas dijeron que se había levantado una valla de alambre de espinos en un sendero que sigue el curso de un arroyo. Cuando llega un grupo de familias, los soldados y la policía de la Guardia de Fronteras bajan de un puesto de las fuerzas de seguridad situado en una ladera y lo rodean, separando a los hombres de las mujeres.

Luego las fuerzas de seguridad roban sistemáticamente a los rohingyas todos los objetos de valor. Mohammed Salam, de 37 años, contó que cuando su familia pasó por el control próximo a Sein Hnyin Pyar, a principios de enero, los soldados les robaron a él y a su esposa más de 600.000 kyats (451 dólares estadounidenses), además de oro, un panel solar portátil y algo de ropa: prácticamente todas sus posesiones.

Muchos rohingyas dijeron que, después de robarles, las fuerzas de seguridad anotaban su nombre y los pueblos de los que venían. Algunos recién llegados contaron también que, en controles posteriores, en el municipio de Maungdaw, los habían fotografiado y, en algunos casos, grabado en un vídeo en el que decían que los militares no los habían maltratado.
La respuesta internacional es “débil y poco eficaz”
“El alcance y la amplitud de estos ataques que siguen cometiéndose en el norte del estado de Rajine demuestran que las fuerzas armadas de Myanmar continúan atacando y haciendo daño no sólo a las personas, sino a la dignidad de la población rohingya en su conjunto. Esto explica por qué los planes para la repatriación organizada son lamentablemente prematuros”, dijo Matthew Wells.

Los gobiernos de Bangladesh y Myanmar firmaron un acuerdo de repatriación a finales de noviembre de 2017 y luego anunciaron que los retornos comenzarían el 23 de enero de 2018. El gobierno de Bangladesh retrasó la ejecución de la primera fase del plan horas antes de que finalizara el plazo, pero Myanmar sigue diciendo que está preparado para empezar.

“Desde que comenzó la crisis, la respuesta de la comunidad internacional a las atrocidades que se están cometiendo contra la población rohingya es débil y poco eficaz, pues o bien no comprende la gravedad de la situación en el norte del estado de Rajine o bien no presiona lo suficiente a las fuerzas armadas de Myanmar para que pongan fin a la limpieza étnica”, concluyó Matthew Wells.

“Hacen falta con urgencia un embargo de armas y sanciones específicas para transmitir el mensaje de que no se van a tolerar estas violaciones. También urge el acceso sin trabas y sostenido de la ayuda humanitaria a todo el norte del estado de Rajine”.
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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